Por las redes explotará la demagogia. Facebook, Twitter y Whatsapp han hablado, y los partidos políticos han encontrado el pretexto perfecto...
Por las redes explotará la demagogia.
Facebook, Twitter y Whatsapp han hablado, y los partidos políticos han encontrado el pretexto perfecto para fingir que los escuchan.
Redireccionar el dinero público a tareas de reconstrucción y ayuda a los damnificados de los sismos es la última burla de una serie de agravios que se han acumulado a lo largo de décadas.
Todos, menos Morena, donde siguen con la necia e ilegal figura de la donación de la mitad de sus prerrogativas de 2018, han hecho alarde de lucidores manifiestos para arrogarse la imagen de héroes sufridores que 'renuncian' a todo con tal de que México salga adelante.
En la competencia por ver quién es el más arrojado y dadivoso, destaca la demagógica e irresponsable proclama del Frente Ciudadano por México, en el que participan PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Armaron una tontería que propone se elimine por completo el financiamiento público a los partidos, y que financien sus actividades con aportaciones de sus militantes.
Otra vez la trampa, y podría resultar perjudicial en extremo para el país.
Quitar de tajo el financiamiento público, en vez de reducirlo bajo reglas claras, equitativas y transparentes, significaría un retroceso monumental. Privilegiaría a los partidos con estructuras más grandes y con acceso a presupuesto gubernamental, reduciendo a los demás la posibilidad de sostener el costo de una campaña política.
Se abriría la puerta para la privatización de la actividad política. Los partidos y candidatos doblarían las cabezas ante el dinero y a los intereses de los “simpatizantes” que los respalden económicamente. Por supuesto el crimen organizado podría invertir en política.
No nos hagamos tontos. Eso ya está pasando. Pero el hecho de que ocurra no debe ser un pretexto para dejar que siga pasando, o peor aún, que se vuelva moneda de cambio.
La propuesta del Frente Ciudadano por México supondría una reforma constitucional que sería inaplicable para el proceso electoral de 2018, pues éste comenzó desde el pasado 8 de septiembre. Cualquier enmienda que se aprobarse sería aplicable hasta las elecciones intermedias de 2021.
Si. Es un engaño a escala de partido político mexicano. Otra vez.
Y por si fuera poco, casi nadie repara en otro engaño descomunal: son los diputados, no los partidos políticos, los que tienen la potestad de redirigir el gasto de los partidos y del gobierno en general en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, que justo ahora está en proceso de análisis.
Para efectos de que esta mentira surta efecto, nadie ha dicho ‘esta boca es mía’. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y es necesario engañar al tinglado digital para que aplauda como foca amaestrada la “victoria popular”, y que todo siga igual, o mucho peor.
Facebook, Twitter y Whatsapp han hablado, y los partidos políticos han encontrado el pretexto perfecto para fingir que los escuchan.
Redireccionar el dinero público a tareas de reconstrucción y ayuda a los damnificados de los sismos es la última burla de una serie de agravios que se han acumulado a lo largo de décadas.
Todos, menos Morena, donde siguen con la necia e ilegal figura de la donación de la mitad de sus prerrogativas de 2018, han hecho alarde de lucidores manifiestos para arrogarse la imagen de héroes sufridores que 'renuncian' a todo con tal de que México salga adelante.
En la competencia por ver quién es el más arrojado y dadivoso, destaca la demagógica e irresponsable proclama del Frente Ciudadano por México, en el que participan PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Armaron una tontería que propone se elimine por completo el financiamiento público a los partidos, y que financien sus actividades con aportaciones de sus militantes.
Otra vez la trampa, y podría resultar perjudicial en extremo para el país.
Quitar de tajo el financiamiento público, en vez de reducirlo bajo reglas claras, equitativas y transparentes, significaría un retroceso monumental. Privilegiaría a los partidos con estructuras más grandes y con acceso a presupuesto gubernamental, reduciendo a los demás la posibilidad de sostener el costo de una campaña política.
Se abriría la puerta para la privatización de la actividad política. Los partidos y candidatos doblarían las cabezas ante el dinero y a los intereses de los “simpatizantes” que los respalden económicamente. Por supuesto el crimen organizado podría invertir en política.
No nos hagamos tontos. Eso ya está pasando. Pero el hecho de que ocurra no debe ser un pretexto para dejar que siga pasando, o peor aún, que se vuelva moneda de cambio.
La propuesta del Frente Ciudadano por México supondría una reforma constitucional que sería inaplicable para el proceso electoral de 2018, pues éste comenzó desde el pasado 8 de septiembre. Cualquier enmienda que se aprobarse sería aplicable hasta las elecciones intermedias de 2021.
Si. Es un engaño a escala de partido político mexicano. Otra vez.
Y por si fuera poco, casi nadie repara en otro engaño descomunal: son los diputados, no los partidos políticos, los que tienen la potestad de redirigir el gasto de los partidos y del gobierno en general en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, que justo ahora está en proceso de análisis.
Para efectos de que esta mentira surta efecto, nadie ha dicho ‘esta boca es mía’. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y es necesario engañar al tinglado digital para que aplauda como foca amaestrada la “victoria popular”, y que todo siga igual, o mucho peor.
Columna publicada originalmente en el periódico El Sol de León