La transición de poder en la 4T no ha sido una ruptura, sino un elegante continuum dinástico. La Presidenta Claudia Sheinbaum goza de la "enorme fuerza de la Presidencia" pero, por "cálculo político", debe mantener la vergonzosa genuflexión al patriarca eterno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que el proyecto no colapse. Una prueba de esta abyecta subordinación es su determinación de acallar los escándalos de mega-corrupción (La Barredora y el huachicol) para salvar a los exsecretarios favoritos, Adán Augusto López y el almirante Rafael Ojeda. Al final, Morena, que prometía erradicar la impunidad, ha preferido el "hermetismo" judicial para asegurar que el payasito de Palenque no se esponje.
El punto culminante del hartazgo social fue la marcha de la supuesta "Generación Z" del 15 de noviembre. El gobierno descalificó el movimiento como una "manifestación de la derecha", financiada por multimillonarios que movilizaron 8 millones de bots desde el extranjero. A pesar de ser una marcha de bots, fue tan aterradora que la policía capitalina cercó Palacio Nacional con vallas y bloques de concreto, y se vieron obligados a usar tácticas diazordacistas, desplegando policías con equipamiento de "granaderos" (cuerpo que supuestamente la Presidenta había "eliminado"). La respuesta final a los "miles de mexicanos insatisfechos" fue gas lacrimógeno, o "algún otro tipo de gas irritante", asegurando que la violencia eclipsara cualquier crítica al régimen.
Mientras tanto, en el Congreso, la LXVI Legislatura en el Senado se ha consolidado como una fábrica incansable de "efemérides y fechas conmemorativas". Su próxima joya legislativa es la Ley contra la Extorsión. Para combatir este delito que asfixia a Michoacán, la ley busca aumentar las penas... especialmente para los servidores públicos que se atrevan a no denunciar actos de corrupción, pudiendo enfrentar 10 a 20 años de prisión. Es el castigo perfecto para el "delito" de no ser cómplice.
En materia de seguridad, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, el gobierno federal desplegó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia incluyó nombrar a José Antonio Cruz Medina como nuevo secretario de Seguridad, un perfil "muy cercano" a Omar García Harfuch. Este movimiento, que recuerda al "modelo calderonista", garantiza la alineación total de Michoacán con el mando federal, aunque en otros estados (como Sinaloa) estos arreglos han producido resultados elegantemente "insuficientes".
Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), reconociendo la "gran solidez de las políticas macroeconómicas" mexicanas, nos renovó la Línea de Crédito Flexible, reduciendo la cobertura de $35,000 millones a $24,000 millones de dólares. Parece que México es tan estable, que el FMI ya no necesita darnos tanto dinero para que finjamos ser solventes.
