Ahora resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum se une al club de presidentes, como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que han pedido ayuda a Estados Unidos, a través de la CIA, para labores de inteligencia. ¡Qué sorpresa! Nuestros gobernantes, tan dados a quemarle incienso y cantarle loas a la soberanía nacional, terminan siempre con la mano extendida o el trasero empinado hacia el Tío Sam. Los drones MQ-9, esos mismos que volaban sobre Medio Oriente convirtiendo terroristas en polvo, ahora sobrevuelan territorio mexicano. ¿Y todo esto? Por expresa solicitud de nuestro gobierno. Ajá. Claro, porque nada dice "soberanía" como pedirle a otro país que vigile tu territorio.
¿Y López Obrador? Bueno, quién sabe si durante su administración también pidió estos "drones espía". Aunque, siendo honestos, con su obsesión por la "autosuficiencia" y su fetiche por los aviones presidenciales de segunda mano, es probable que ni se enterara. Pero, ¿qué más da? Con el avispero ya agitado, una politiquería más o menos no hará mucha diferencia. Total, las contradicciones son el pan de cada día en este circo. Y si hay que tragar sapos, se tragan. Con salsa verde, por favor.
Pero más allá de las contradicciones que nuestro gobierno sigue tragando como si fueran tacos de canasta, conviene ahondar en un tema mucho más complejo: el infierno cotidiano que vive el país. Porque, aunque duela admitirlo, México está gobernado en gran parte por los cárteles. Sí, esos mismos que hacen más por el "orden social" que cualquier alcalde o gobernador. Ellos, los malandros, son el enemigo público número uno, mientras que Estados Unidos, con todos sus intereses, puede ser un aliado incómodo, pero necesario.
Donald Trump, ese personaje tan sutil como un elefante en una cristalería, no se equivocó del todo al acusar al gobierno mexicano de ser cómplice del crimen organizado. Exagera, sí, pero no miente del todo. Ejemplos sobran: desde políticos con vínculos directos hasta policías que cambian de bando más rápido que un influencer cambia de filtro en Instagram.
Esta situación no surgió ayer. La colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad tiene antecedentes en la Iniciativa Mérida, la polémica Operación Rápido y Furioso y, más recientemente, acuerdos bilaterales que, se supone, buscan fortalecer las capacidades de México. Pero, ¿en qué momento la cooperación se convierte en injerencia? Si bien Washington actúa para frenar el flujo de drogas, para Estados Unidos, México es, antes que nada, un asunto de interés económico, migratorio y geopolítico. O sea, somos el patio trasero que limpian cuando les conviene.
La declaración reciente de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, aunque previsible, abre un escenario delicado. ¿Podrían justificar operaciones directas en suelo mexicano? Legalmente, la designación permite a EU confiscar activos, procesar a quienes colaboren con estos grupos y, en casos extremos, realizar acciones militares preventivas. La respuesta de Sheinbaum ha sido endurecer la estrategia y lanzar demandas ridículas contra las armadoras estadounidenses por el tráfico de armas. Pero, seamos francos: a Washington esas demandas no le quitan el sueño. Mientras tanto, nuestros políticos siguen jugando al nacionalismo barato.
Y hablando de nuestros queridos legisladores, ¿qué hace nuestro Congreso? Cantan el himno nacional, se rasgan las vestiduras y convierten la discusión en un espectáculo digno de telenovela. Nacionalismo trasnochado, discursos que apelan al "masiosare" y un patriotismo ridículo que solo sirve para ocultar la ineptitud. Acusan de traición a la patria por entregar a los Chapitos o al Mayo Zambada. ¿En serio? La realidad en las calles —extorsiones, levantones, cobro de piso— supera cualquier retórica parlamentaria. Mientras ellos discuten, el país arde.
Aquí surge la pregunta incómoda: si no es con ayuda de EU, ¿cómo enfrentamos a un crimen organizado que controla regiones enteras? La estrategia de "abrazos, no balazos" se agotó más rápido que un billete de lotería en manos de un apostador compulsivo. Pero recurrir a la vigilancia extranjera tampoco es gratis. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder soberanía en nombre de la seguridad? ¿Qué pasa si mañana un dron se equivoca de objetivo? ¿Y si la "cooperación" deriva en una intervención directa?
Ahora que, si nos ponemos juiciosos y en plan de aprovechar esta coyuntura, en la lista de objetivos tiene que haber también políticos. Porque, seamos honestos, no todos los enemigos de México están en las montañas o en las calles. Muchos, quizá demasiados, están sentados en cómodos escaños, detrás de escritorios de caoba, firmando cheques con una mano y pactos con los cárteles con la otra. No ha habido declaración más dura de Estados Unidos hacia México que aquella de la "intolerable alianza" del gobierno mexicano con los cárteles. Y lo que más cala es que no se equivocan. Entre las autoridades y agencias de ese país hay confianza en la presidenta Sheinbaum, en el general Trevilla, el almirante Morales, en García Harfuch... pero hay mucha desconfianza y acusaciones directas contra otros personajes.
Estoy pensando en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Tabasco, Chiapas y muchos otros estados donde hay personajes impresentables que están o acaban de dejar el poder. El video difundido del presidente municipal de Cuautla, Morelos, reunido con los líderes locales del Cártel de Sinaloa, es una pálida muestra de la penetración política de los cárteles en las instituciones. Es como si los narcos hubieran comprado no solo armas y territorios, sino también diputaciones, alcaldías, gubernaturas y hasta sonrisas de políticos.
No habrá credibilidad, por más que haya avances notables en otros ámbitos, si no hay golpes políticos que lo confirmen. Porque, ¿de qué sirve capturar a un capo si el alcalde que le daba protección sigue en su puesto, disfrutando de su sueldo y su impunidad? La lucha contra el crimen organizado no puede ser solo una operación militar; tiene que ser también una purga política. Y no, no estoy hablando de purgas estilo Game of Thrones (aunque, quién sabe, tal vez un poco de drama no estaría mal).
La designación de los cárteles como terroristas podría ayudar a desarticular los apoyos que esas organizaciones criminales tienen en otros países, incluso en los propios Estados Unidos. Porque, no nos engañemos, el problema no es solo nuestro. Los cárteles tienen redes que cruzan fronteras, y sus tentáculos llegan hasta los rincones más insospechados de la Unión Americana.
Tiene que haber objetivos en la Unión Americana, desde jefes de redes hasta vendedores de armas y lavadores de dinero. Esos también deben quedar expuestos. Porque, ¿de qué sirve perseguir a los narcos en México si en Texas, California o Arizona hay tipos vendiéndoles armas y lavando su dinero como si fueran empresarios legítimos? La hipocresía de algunos sectores en Estados Unidos es tan grande como su apetito por el dinero sucio.
En última instancia, lo que se tiene que asumir es que acabar con los cárteles, o por lo menos con su empoderamiento y control sobre vastas zonas del país, puede ser del interés de Estados Unidos, pero, por sobre todas las cosas, es parte de nuestro propio interés nacional y social. Porque, al final del día, no se trata de complacer a Washington o de proteger una soberanía que ya está más agujereada que un queso gruyere. Se trata de recuperar nuestro país, de devolverle a la gente la seguridad que merece y de evitar que los cárteles sigan siendo los verdaderos dueños de México.
Y si para lograrlo hay que sacar a algunos políticos corruptos, expulsar a algunos empresarios cómplices y señalar a algunos vecinos del norte que se hacen los locos, pues que así sea. Porque, como dicen por ahí: "Si no hay limpieza, no hay santidad". Y México necesita una limpieza profunda, no solo de narcos, sino también de aquellos que les abren la puerta con una sonrisa y un apretón de manos.
En medio de todo esto, la economía peligra. La designación de los cárteles como terroristas afectará al comercio, la inversión y a las remesas. Los mercados recomiendan mucha cautela, y las empresas estadounidenses no querrán verse atrapadas en medio de una "guerra" transfronteriza. México enfrenta un dilema histórico: combatir a los cárteles de forma eficaz o proteger a ultranza una soberanía que, seamos honestos, ya está comprometida.
¿Cuál es el precio de nuestra seguridad? ¿Quién lo pagará? Porque, al final, más allá de las decisiones de Palacio Nacional o de la Casa Blanca, será la sociedad civil la que cargue con las consecuencias: más violencia, más desplazamientos, más miedo en las calles. El costo, como siempre, lo pagarán los de abajo. Y mientras tanto, los de arriba seguirán jugando al ajedrez con nuestras vidas.
En resumen, en nuestra madre patria del siglo XXI la soberanía es un chiste, la seguridad un espejismo y la política un circo. Y nosotros, los ciudadanos, somos los payasos que, a pesar de que el mundo entero se ríe de nosostros, seguimos pagando la entrada a esta triste y deshilachada carpa que es México.
